Asesor de Guerra de EE. UU. advierte en RD que narcotraficantes financian ONG para proteger sus intereses

Un asesor del Departamento de Guerra de Estados Unidos advirtió en República Dominicana sobre las estrategias utilizadas por organizaciones dedicadas al narcotráfico para proteger sus operaciones, entre ellas el supuesto financiamiento de organizaciones no gubernamentales (ONG) y la contratación de abogados para cuestionar las acciones de las autoridades.

Las declaraciones se produjeron durante una conferencia internacional celebrada el 27 de octubre, en la que representantes militares y diplomáticos abordaron los desafíos que enfrenta la región en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

El funcionario estadounidense sostuvo que los carteles no solo recurren a la violencia para mantener sus operaciones, sino que también utilizan recursos económicos y mecanismos jurídicos para defender sus intereses.

Según sus planteamientos, estas organizaciones criminales pueden aprovechar los sistemas legales y las instituciones democráticas para cuestionar las decisiones adoptadas por las fuerzas de seguridad.

En ese contexto, el asesor señaló que los gobiernos deben proteger las decisiones de sus instituciones militares cuando estas actúan contra las estructuras del narcotráfico, sin que ello implique desconocer las obligaciones legales que rigen sus operaciones.

Sus declaraciones forman parte de un debate más amplio sobre la seguridad regional y la necesidad de fortalecer la cooperación entre los países del continente para enfrentar a las organizaciones criminales transnacionales.

La conferencia reunió a representantes de República Dominicana, Estados Unidos y otras naciones interesadas en establecer mecanismos de coordinación frente al narcotráfico y el denominado narcoterrorismo.

Durante el encuentro también se destacó la importancia de avanzar hacia acciones conjuntas que permitan enfrentar las amenazas que representan estas organizaciones para la estabilidad y la seguridad de la región.

Las afirmaciones sobre el supuesto financiamiento de ONG corresponden al funcionario estadounidense y no constituyen, por sí mismas, pruebas de participación de organizaciones específicas en actividades delictivas.