El esquema del caso Coral: así operaba la red de corrupción en Cusep y Cestur

La sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional reveló los detalles de un complejo esquema de corrupción que operó durante años en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), permitiendo el desvío de miles de millones de pesos de fondos públicos.

Según estableció el tribunal, la red funcionaba principalmente a través de nóminas irregulares. Policías y militares eran incorporados con salarios que oscilaban entre RD$20,000 y RD$70,000 mensuales, pero muchos no realizaban funciones reales o estaban asignados a otros lugares. La mayor parte del dinero era recolectada por intermediarios y posteriormente entregada a los responsables del entramado.

Las investigaciones determinaron que solo en el Cusep se recolectaban entre RD$1.7 y RD$1.9 millones cada mes mediante este mecanismo, mientras que en Cestur se obtenían alrededor de RD$1.2 millones mensuales. Parte de los fondos terminaban en manos de Rafael Núñez de Aza, quien fungía como gerente financiero de las instituciones involucradas.

El esquema no se limitaba a las nóminas. El tribunal concluyó que también se desviaban recursos destinados a áreas sensibles como inteligencia, combustibles y alimentación, afectando directamente el funcionamiento de organismos de seguridad del Estado. Además, la estructura intentó expandir el modelo a otras entidades públicas, incluyendo el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

Para ocultar el origen de los recursos, los implicados utilizaron empresas y organizaciones que servían como vehículos para el lavado de activos. Entre ellas figura la Asociación Campesina Madre Tierra, vinculada a Adán Cáceres, así como sociedades comerciales que habrían sido utilizadas para adquirir propiedades, vehículos y otros bienes sin una justificación económica aparente.

En el caso de Juan Carlos Torres Robiou, las juezas determinaron que movilizó decenas de millones de pesos a través de empresas sin actividad económica real, mientras que diversas pruebas demostraron incrementos patrimoniales incompatibles con los ingresos reportados por varios de los acusados.

El fallo culminó con condenas de hasta 20 años de prisión para los principales responsables del entramado y la orden de devolver RD$5,000 millones al Estado dominicano, en una decisión que el Ministerio Público calificó como histórica en la lucha contra la corrupción administrativa.