Seis dominicanos son acusados de robar más de US$1.4 millones de programas sociales

Seis ciudadanos dominicanos fueron acusados por las autoridades federales de Estados Unidos de participar en un esquema de fraude que habría permitido el robo de más de 1.4 millones de dólares provenientes de programas de asistencia social en el estado de Massachusetts.

De acuerdo con la acusación presentada por el Departamento de Justicia, los imputados presuntamente utilizaron identidades robadas y datos de beneficiarios de programas gubernamentales para obtener de manera ilegal fondos destinados a personas en situación de vulnerabilidad.

Entre los programas afectados figura el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido popularmente como el sistema de cupones de alimentos en Estados Unidos. Las autoridades sostienen que los acusados habrían accedido de forma fraudulenta a los beneficios y realizado retiros y transacciones utilizando información obtenida ilegalmente. (Listín Diario)

Uno de los principales acusados es Miguel Díaz Matos, de 54 años y residente en Lynn, Massachusetts, quien enfrenta cargos relacionados con la adquisición y el uso ilegal de beneficios del programa SNAP, además de robo de identidad y fraude electrónico. Según los documentos judiciales, la operación habría estado activa durante varios años y afectó a numerosos beneficiarios legítimos de ayudas sociales.

Las investigaciones indican que la presunta red criminal se aprovechaba de información personal de beneficiarios de programas de asistencia por discapacidad, desempleo y ayuda alimentaria para desviar los fondos hacia cuentas y tarjetas controladas por los acusados.

Las autoridades estadounidenses señalaron que el fraude provocó pérdidas superiores a los 1.4 millones de dólares para los programas públicos afectados. Además, advirtieron que este tipo de delitos no solo representa un perjuicio económico para el Estado, sino que también impacta directamente a personas que dependen de estas ayudas para cubrir necesidades básicas.

De ser encontrados culpables, los acusados podrían enfrentar severas penas de prisión, multas económicas y órdenes de restitución por los fondos obtenidos de manera fraudulenta. El caso continúa bajo investigación y las autoridades no descartan que puedan surgir nuevos cargos o involucrados en el esquema.

El Departamento de Justicia reiteró su compromiso de perseguir los delitos relacionados con el fraude a programas sociales y el robo de identidad, especialmente aquellos que afectan recursos destinados a poblaciones vulnerables.